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| Los municipios y departamentos donde se explotan hidrocarburos reciben mensualmente una participación de las regalías como una contraprestación económica por el uso de los recursos naturales no renovables |
Un control de advertencia de la
Contraloría General, un llamado de atención de la Auditoria y dos acciones de
cumplimiento en curso, pero ante todo cientos de reclamos de alcaldes y
gobernadores, no han sido suficientes para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
ANH, devuelva más de 700 mil millones de pesos de los rendimientos financieros
de las regalías suspendidas en los últimos siete años.
El tema ha pasado por comités de
hidrocarburos a los que asisten los ministros de Hacienda y Minas y Energía, y
los directores de Planeación Nacional y la ANH, ha sido consultado con la
oficina jurídica de Presidencia y con el Consejo de Estado, pero hasta ahora no
hay una respuesta. Ni autorizan el giro a los entes territoriales ni dicen a
quién le van a entregar esos recursos.
Mientras tanto, algunos municipios se
cansaron de solicitar por vía directa la devolución del dinero y se unieron
para interponer dos acciones de cumplimiento que de resultar a su favor podrían
significar para el Estado no sólo el pago de esos rendimientos sino también una
indemnización y el pago de los abogados que representan a los municipios.
Nueva función, nueva decisión
Desde 2003, cuando por decisión del
Gobierno Nacional se escindió Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
ANH, es la encargada de administrar los recursos de las regalías. Básicamente
es la encargada de recaudar las regalías y de realizar el respectivo giro a las
entidades que tienen derecho a recibirlas. Pero no tiene control sobre qué
municipio o departamento las recibe ni cuánto recibe. Sólo las gira.
Es Planeación Nacional el que establece cuánto dinero le corresponde mensualmente a cada
departamento o municipio productor de hidrocarburos y quien autoriza los giros
y también es el organismo que suspende esos giros cuando los entes
territoriales no han cumplido con los requisitos exigidos por la Ley.
Mensualmente son muchas las regalías
congeladas que sólo se autorizan cuando el municipio demuestra que ya subsanó
las irregularidades.
En los últimos siete años, Planeación
ha suspendido los giros por lo menos a 260 entes territoriales y el tiempo que
retiene ese dinero es diferente en cada caso. Hay algunos en que se ha
congelado hasta por un año o incluso más.
Sólo en julio, cuando el DNP publicó el último comunicado sobre el tema, se informó de la suspensión del giro
de regalías a 39 municipios y una gobernación. A esos entes territoriales les
debían girar 58.329 millones de pesos pero no remitieron la información
completa ni consistente para comprobar el buen uso de los recursos girados
anteriormente. Ese dinero, más todas las suspensiones que periódicamente
realiza Planeación, quedan en cuentas bancarias de la ANH, rindiendo intereses.
Ese dinero llega finalmente a las
arcas territoriales, pero lo que no reciben es el rendimiento financiero de ese
dinero mientras estuvo en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Advertidos
Hasta 2009, esos recursos –por lo
menos 700 mil millones de pesos, aunque el senador Milton Rodríguez aseguró que la cifra puede ser cercana al billón de pesos- ni siquiera estaban
incluidos en el presupuesto de la entidad aunque sí en sus cuentas. No aparecía
esa plata en ningún libro contable.
Con esta excusa, de cumplir con la
cuota fiscal, el 26 de agosto pasado el contralor (e) Roberto Pablo Hoyos
expidió un control de advertencia dirigido a los ministros de Minas y Hacienda,
y a los directores de Planeación y la ANH pidiéndoles que incorporaran esos
recursos al presupuesto de la Agencia.
Esta acción del contralor que
reemplazó a Julio César Turbay mientras se eligió su reemplazo, prendió las
alarmas. “Aquí hay miles de millones de pesos de los que nadie habla”, aseguró el senador José David Name en un debate en el Congreso realizado en
agosto pasado.
El tema fue expuesto a Sandra Morelli
cuando llegó a ocupar su cargo como Contralora General y en consecuencia, un
mes después, ella expidió un nuevo control de advertencia, dirigido a los
mismos funcionarios. Les advertía que esos excedentes financieros de ninguna
manera podían pasar a manos de la Agencia porque pertenecen por designio de la
Constitución a los entes territoriales.
La contralora delegada de Minas y
Energía, Claudia Medina, explicó a La Silla Vacía que si por efecto de una
suspensión o por falta de asignación no se entregaron los recursos a los
municipios y gobernaciones esto no significa que la Agencia se los pueda
apropiar así como tampoco los puede incluir en su contabilidad.
“Si esos recursos ya fueron asignados
ya pertenecen al ente territorial y si por un retardo esos entes no tienen el
dinero los rendimientos que se generen durante ese tiempo son de los entes”,
aseguró.
La Contraloría ordenó también una
nueva auditoría a la ANH que presentará sus resultados en algunas semanas y
allí se espera establecer si esos recursos de los rendimientos financieros se
están utilizando o se están contabilizando. Es una información clave para la
investigación fiscal porque la Agencia no está autorizada para hacer
inversiones provenientes de esos recursos.
Alerta reiterada
La advertencia que la contralora
Morelli hizo hace un par de meses no es nueva. Ya en el resultado de la
auditoría de las cuentas de 2008 de la ANH, la Contraloría había dicho que sólo
en ese año había una “sobrestimación en los ingresos financieros” por cuenta de
los 170 mil millones de pesos que la Agencia reportó como ingresos propios pero
que en realidad eran el resultado de la utilidad de los recursos de regalías pendientes
de giro. En esa ocasión, la Contraloría calificó como un ‘hallazgo’ que esas
utilidades fueran consideradas como ingreso de la entidad.
El senador Name ha venido dando la
pelea por el tema e incluso ha dicho que el Director de la ANH, José Armando
Zamora, podría estar incurriendo en un peculado porque lo que está de por medio
son recursos que están dirigidos a mejorar la cobertura en salud y educación de
los municipios que reciben las regalías por la explotación de hidrocarburos.
Name dijo que ha consultado sobre el
tema a Planeación y a Ingeominas –que maneja las regalías del carbón- y la
explicación ha sido que el tema está en estudio. La Silla Vacía intentó
consultar sobre el tema al Director de la ANH, pero a pesar de los múltiples
intentos no recibió respuesta.
Sin embargo, varias fuentes que han
discutido el tema con José Armando Zamora aseguraron a La Silla Vacía que el
funcionario argumenta que la Constitución Nacional fijó que las regalías
pertenecen al Estado hasta tanto no se giren y que por lo tanto los
rendimientos también le pertenecen a éste.
El argumento de los municipios y
gobernaciones es exactamente el contrario. Ellos aseguran que la Constitución,
en su artículo 360, les fijó el derecho a la participación en las regalías y
compensaciones de las explotaciones de hidrocarburos.
El ex magistrado de la Corte
Constitucional, José Gregorio Hernández, bajo cuya presidencia se dictó la
jurisprudencia en el tema de regalías, explicó a La Silla Vacía que se trata de
un tema de derecho civil que, para él, no tiene mucha discusión. “¿Quiénes son
los dueños de las regalías? Los entes territoriales. Entonces, los dueños de
los rendimientos son los entes territoriales”.
Precisamente, uno de los fallos de la
Corte sirve de sustento a la pelea de los municipios que decidieron demandar.
Es una sentencia de 2002 en que la
Corte aseguró que el titular de las regalías es la Nación en cuanto a la
regulación y gestión, pero que son los entes territoriales los beneficiarios
directos de esos recursos, “por lo cual las autoridades centrales no se
benefician directamente de las regalías”. Y que la función del gobierno central
no es más que de gestión “para que pueda haber una distribución equitativa de
las regalías, que sea acorde con el desarrollo armónico de las regiones”.
Con esto, la Corte asegura que el
goce final de las regalías es de los entes territoriales porque así se estimula
la descentralización, se favorece la propia minería y se protege el medio
ambiente.
Los argumentos son muchos y aunque la
falta de decisión viene desde el Gobierno de Álvaro Uribe ya casi se completan
cien días del gobierno de Juan Manuel Santos y aún los nuevos funcionarios
tampoco se han podido poner de acuerdo. Mientras tanto los 700 mil millones de
pesos siguen generando utilidades en los bancos.
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