Expropiación de las regalías: pieza de una antinacional política
minero-petrolera
Juan Pablo Fernández M.
Ni en la campaña presidencial, ni en sus discursos, ni en los 110 puntos
de su programa de gobierno, Juan Manuel Santos anunció que reformaría la manera
como se distribuyen las regalías entre los entes territoriales. Mucho menos les
dijo a los pobladores de departamentos como Santander, La Guajira, Cesar,
Arauca, Putumayo, Meta o Huila que les expropiaría su derecho a participar en
la regalía de las minas y los pozos petroleros ubicados en esas zonas. De
haberles contado ¿habría obtenido 9 millones de votos? No lo sabemos, pero lo
correcto era decirles a los afectados de la medida que su plan, de llegar a la
Presidencia, era poner en manos del gobierno central la decisión sobre cómo
gastar recursos que en algunos lugares son la posibilidad entre realizar o no
diversas inversiones. Surtida la posesión y pasadas las algarabías de la gran
prensa, los ministros de Hacienda y Minas y Energía presentaron al Congreso una
ley que modifica los artículos 360 y 361 de la Constitución y que de llegar a
aprobarse, creará un sistema distinto al existente en relación con el cobro y
la distribución de la regalía. En otras palabras, la Ley 141 de 1994 dejará de
existir.
El proyecto de acto legislativo 013 de 2010, con el que se crea el
Sistema General de Regalías, hace parte de un plan económico para profundizar
la confianza inversionista, que junto con la cohesión social y la seguridad
democrática componen los famosos tres huevitos que Álvaro Uribe le heredó a
Santos. La reforma a las regalías, la sostenibilidad fiscal, la regla fiscal,
la ley de primer empleo, la Ley 100 vuelta a maquillar, la reforma tributaria,
la reforma arancelaria y el “nuevo peso” son medidas que refuerzan los rasgos
coloniales del país, acentuados en el orden global actual, donde “las
relaciones entre los grandes y pequeños Estados (…) se convierten en sistema
general, entran, como uno de tantos elementos, a formar el conjunto de
relaciones que rigen ‘el reparto del mundo’, [y] pasan a ser eslabones en la
cadena de operaciones del capital financiero mundial.”
Este capital, afirma César Giraldo, lleva a empresas e inversionistas “más a
buscar rentas financieras, que ganancias en el proceso productivo.”
Este plan de recolonización, explica Aurelio Suárez, busca adecuar la
economía colombiana a las condiciones “de dependencia en la presente fase de la
globalización. Los pilares de ese rediseño son una política económica,
cambiaria, monetaria y fiscal que les da prioridad a las necesidades actuales
del capital financiero internacional, demandantes del máximo beneficio posible
y del mínimo riesgo, y una legislación acorde con tal política. Ese conjunto es
lo que se ha denominado la confianza
inversionista. Sus campos principales de aplicación son la especulación
bursátil y bancaria (…), el libre comercio y la explotación primaria de los
recursos naturales, cuyas respectivas ‘bonanzas’ tienen como requisito el Edén
que se les ha establecido, prestando especial atención a que las altas tasas de
ganancia se garanticen de antemano merced al envilecimiento del contrato de
trabajo, disfrazado con el eufemismo de la ‘flexibilización laboral’.”
El surgimiento del capital financiero, exponía Lenin, proviene del proceso de
“concentración de la producción” y de los “monopolios que se derivan de la
misma”. Es, por tanto, el resultado de la “fusión o ensambladura de los bancos
con la industria: tal es la historia de la aparición del capital financiero y
lo que dicho concepto encierra.”
El debate sobre las regalías es, entonces, mucho más
complejo de como lo ha querido presentar el gobierno nacional. Es en el fondo
una pugna entre el derecho del pueblo colombiano a decidir cómo explotar y
distribuir la riqueza que producen sus recursos naturales no renovables versus
el imperialismo y sus instituciones (Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). La reforma continúa la senda
trazada por los acuerdos firmados con el FMI desde 1999, los que “han sido (…)
parte de la estrategia para el manejo de la política económica orientada a
asegurar el acceso al mercado internacional de capitales y a los recursos de la
banca multilateral como forma de garantizar el financiamiento de la economía y
el pago de la deuda externa.”
Esto es el “acondicionamiento de la economía nacional y de las finanzas
públicas para disminuirle el riesgo país al capital financiero prestamista
internacional, y no es, por tanto, ningún proyecto de desarrollo económico.”
Cuatro son los argumentos para justificar la
centralización del manejo de las regalías: la lucha contra la corrupción, la
bonanza minero-energética, garantizar la equidad intergeneracional e
interregional y la creación de un fondo de ahorro en el exterior que evite
presiones sobre la tasa de cambio y que promueva una política económica que
suavice los ciclos económicos.
La falacia de la lucha contra la corrupción
Lo de la pugna contra la corrupción es un globo para
cazar incautos. En la historia colombiana no existe gobierno que haga de la
lucha contra este mal una bandera, aunque solo sea para saludarla. Algunos han
prometido acabarla, otros llevarla a sus justas proporciones. El pasado
gobierno habló mucho de su estirpación y nada hizo al respecto. En la “lucha”
contra la corrupción existe mucha mímica y nada de política seria. Ojalá la
hubiera, pero lamentablemente no.
Para justificar lo de las regalías, el Departamento
Nacional de Planeación expone cifras que a primera vista indignan, pero que una
vez analizadas no llevan a las conclusiones que quiere la “impoluta”
tecnocracia neoliberal. Se muestra que en el período 2005-2010 las
interventorías administrativo-financieras que ejercen controles sobre los entes
territoriales ejecutores de recursos de regalía denunciaron 22 mil presuntas
irregularidades, de las cuales, según cifras de la Fiscalía, 348 terminaron en
investigaciones penales y ninguna en resolución acusatoria. ¿Se concluye de
aquí que con las regalías no pasa nada? No. Se evidencian más bien las
deficiencias que padece el aparato judicial colombiano, al cual el gobierno no
transfiere los recursos que garanticen el acceso de los colombianos a una
justicia pronta, imparcial y gratuita.
Quien cometa delitos contra los recursos públicos debe
ser sometido a las sanciones respectivas, pero esto no debe convertirse en
razón para quitarles derechos a los habitantes de los departamentos y
municipios donde hay pozos y minas. Aquí no debe aplicarse la lógica de aquel
que para acabar con la maldad del sacerdote, quema la parroquia.
La corrupción, además, va más allá de las actividades
delincuenciales de unos cuantos. Las leyes, por ejemplo, vienen torcidas desde
la concepción. Daniel Samper Pizano, hablando del escándalo de Agro Ingreso
Seguro, escribió que “parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios
y tiene ya un seguro de impunidad” (El
Tiempo, sep.24.09). Hasta el procurador general ha dicho que la corrupción
desborda la institucionalidad colombiana. Agreguemos que también tiene que ver con
la naturaleza de las instituciones y el papel que juegan en la economía y en la
política.
La corrupción nacional medra en una pasmosa
concentración de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual del
mundo–, en la falta de justicia, en las alianzas entre la delincuencia y
algunos sectores económicos y políticos y en la consolidación de un proyecto
político donde lo que cuenta para los altos gobernantes es la separación de su
suerte personal de la de la nación. En este tipo de Estado, anotaba Engels, “la riqueza ejerce su
poder indirectamente, pero, por ello mismo, de un modo más seguro”, y lo
ejerce, en primer lugar, mediante “la corrupción directa de los funcionarios”
y, en segundo lugar, mediante “la alianza entre el gobierno y la Bolsa.”
Más allá del justo repudio que generan los actos de
quienes se sirven de su posición e influencias para apropiarse o concentrar los
dineros del erario, la peor de las corrupciones es aquella que condena al
atraso económico y social al país y que cede la soberanía económica y política
a poderes extranjeros y, en especial, al norteamericano. ¿Acaso el desastre
económico y social nada tiene que ver con el modelo neoliberal dictado desde la
Casa Blanca, el FMI, el Banco Mundial y la OMC? ¿Ignorarán quienes están en la
cumbre económica que el “libre comercio” impide a amplios sectores del
empresariado y de los trabajadores obtener los ingresos para el funcionamiento
de sus negocios y la manutención propia y la de sus familias?
Préstamos, misiones y acuerdos con organismos
multilaterales son el prolegómeno a una voraz y detestable intervención en los
asuntos internos. A la aplicación del neoliberalismo en América Latina, por
ejemplo, la precedieron varias reuniones en Washington que devinieron en el
denominado Consenso de Washington, de donde surgió la apertura económica, las privatizaciones de empresas y servicios
sociales, la libertad para los capitales, los acuerdos de “libre comercio”,
etc. De dichas medidas emanaron y emanan los deteriorados indicadores
productivos, económicos y políticos, y con los que obtienen jugosos réditos
quienes están en la cúspide económica y política. Se niega también que el
“libre comercio” le arrebata al país la facultad para acumular riqueza y
ampliar la existente, un modelo que se introdujo a espaldas del país y que,
según Rudolf Hommes, se impuso aprovechando el “efecto distracción” de la
Constitución de 1991, permitiéndole al gobierno de César Gaviria tramitar por
el Capitolio “las principales reformas legislativas del proceso de apertura
[económica].”
Y si en departamentos y municipios existen
funcionarios que cometen ilícitos, y esto se debe demostrar con las
imputaciones respectivas y con apego a la ley, en el gobierno nacional también
se observan muchas indelicadezas. El jefe de la lucha contra la corrupción del
pasado cuatrienio, señaló que en “contratación [nacional], los hechos de
corrupción son muy notorios” (El Tiempo, Ene.10.10).
En la entrevista, el funcionario dijo que de cada cien pesos del presupuesto de
inversión nacional, se pierden 14. Luego, entre 2002-2009, se esfumaron 17
billones de pesos, cuatro de ellos en 2009. La pulcritud es un don del que al
parecer también se carece en los círculos presidenciales. Luego, lo de la
corrupción se lanza como argumento que oculta los verdaderos propósitos de la
Casa de Nariño.
Una bonanza minero-energética inexistente
La Real Academia de la Lengua define bonanza como
sinónimo de prosperidad, “curso favorable de las cosas” o “éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre.” La economía
tradicional circunscribe la definición de bonanza a aumentos importantes o en
los precios o en la producción de un bien o a una combinación de ambos. Si el
renglón donde se dan los incrementos tiene un peso significativo en el comercio
exterior y en las entradas y salidas de capital, puede llegar a crear un
fenómeno llamado enfermedad holandesa. Esta se caracteriza por un
incremento de los ingresos de divisas causantes de una revaluación del tipo de
cambio, de dificultades en el agro y la industria, de procesos de especulación
inmobiliaria e incrementos importantes de importaciones que compiten y
desplazan la producción interna y que con el tiempo causan un insostenible
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Los dólares que ingresan
no llegan al son de apoyar el avance del aparato productivo. Sirven, al
contrario, de base para su aniquilamiento.
Joseph Stiglitz ha mostrado que para conjurar las
secuelas dañinas de la enfermedad holandesa deben aplicarse controles a los
flujos de capital; intervenir la tasa de cambio para depreciar la moneda;
diversificar las exportaciones; desarrollar políticas industriales activas;
apoyar prioritariamente al empresariado local y manejar fondos de
estabilización. No hacer nada o aplicar parcialmente medidas contra los efectos
del sindrome holandés es manetener condiciones macroeconómicas que le ponen un
inri a vastos sectores económicos.
Se habla de una bonanza, hasta ahora
demostrable en el papel, pero en la realidad no. Los hidrocarburos aportan el
75 por ciento de la regalía y en su explotación se captura, por parte del
fisco, una mayor porción de su renta. Respecto a la minería, se debe decir que
su explotación es ciento por ciento privada. La gran minería es propiedad de
trasnacionales. El resto está en manos de empresarios nacionales y pequeños y
artesanales mineros, a los cuales la política gubernamental viene imponiendo
exigencias que buscan sacarlos del negocio para dejarlo en manos de compañías
fóraneas.
Explicar una bonanza petrolera y minera como un
mero incremento de los ingresos por exportaciones o inversión extranjera,
constituye un análisis parcial del problema. A los incrementos sostenidos en la
producción de hidrocarburos y otros minerales debe agregarse la participación
del Estado en la renta que estos generan. Así lo explica el profesor Oscar
Vanegas Angarita:
“como Bonanza Petrolera se conoce al conjunto de
sucesos ocurridos dentro de una Nación exportadora de petróleo,
representada en enormes beneficios para la economía del país, y se mide
principalmente por el aumento del PIB por encima del 5%, debido a la entrada de
capital e inversiones que generan enormes ingresos al tesoro nacional, para
soportar un alto gasto público en
infraestructura e inversiones sociales que mejoren la calidad de vida de la
población.
“Mientras en el mundo reinó la Concesión (contrato
vigente en Colombia), ningún país petrolero tuvo bonanza. Los que la han
tenido, fue producto de un alto nivel de regalías (50%), elevados impuestos o
por ser dueños de su petróleo (Nacionalización). Claramente se puede observar,
en nuestro caso, que el Gobierno Nacional Central, bajo las condiciones
actuales, recibe insuficientes ingresos del negocio petrolero. O sea, mientras
no aumentemos la participación del Estado en la renta petrolera, así se
presenten grandes descubrimientos, alta producción o altos precios, no
tendremos bonanza petrolera.” (El Frente,
jul.29.10)
Varios analistas
niegan o ponen en duda la bonanza. Salomón Kalmanovitz se pregunta “¿Cuál
bonanza?” (El Espectador, ago.01.10).
Guillermo Perry, exministro de Hacienda y exjefe del Banco Mundial para América
Latina, dice: “Colombia no debe ilusionarse con la bonanza petrolera” (Portafolio, jul.26.10). Para Carlos
Guillermo Álvarez la “reexploración de viejos campos petroleros y el
alza mundial del precio del petróleo explican el aumento de la producción del
crudo en Colombia, lo cual no significa que el país esté en bonanza. La
duración de las reservas puede estimarse para unos 6 ó 12 años más.”
Sergio Hernando Lopera Castro,
profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín,
expresa que “un buen momento petrolero
no se debe confundir con un boom.” Dice también que es “sencillo
verificar que la meta de 1,5 millones de barriles por día es prácticamente
imposible de lograr en el 2015, e incluso, en un escenario optimista, es
difícil llegar al millón de barriles por día en esa fecha.” Hasta 2006 los
aumentos en la extracción de crudo se lograban por yacimientos como Caño Limón,
Cusiana y Cupiagua. A partir de aquel momento, el aumento del precio del
petróleo “permitió que yacimientos pesados que habían sido descubiertos años
antes fueran una opción económica seria”, como los campos Castilla y Rubiales,
que tienen el mayor peso “en la producción total nacional entre el 2006 y el
2010.” Expone, por último, que en el aumento de la extracción entre “2005 y el
2009 también participan los campos maduros y la entrada en producción de campos
pequeños y medianos”; como, por ejemplo, “La Cira Infantas, que pasó de 5 mil a
27 mil barriles por día, y Casabe, que pasó de 7 mil a 17 mil barriles por día
entre el 2005 y el 2010. Esto se logró gracias a la aplicación de tecnologías
que permitieron recuperar algo del crudo residual. Sin embargo, se debe aclarar
que si bien los aumentos alcanzados son importantes para el yacimiento
específico, no son muy relevantes para el país y no se puede pensar que si se
aplican nuevas tecnologías la extracción se multiplicará de nuevo por cinco,
como sucedió. De hecho, la tarea ahora es mantenerla en los niveles logrados,
porque más que crecer el yacimiento tiende es a declinar dado que ya entró en
su curva de descenso.”
En relación con la
participación estatal en la renta petrolera,
Oscar Vanegas expone que antes de 1999, “el State
Take era del 74%, pues el país recibía regalías del 20%, el 50% de la
producción después de descontar las regalías (40% de la producción total),
impuesto a la renta del 35%, impuesto de remesa del 7%, y un bono de guerra.”
Andrés Pastrana “redujo la participación de la producción después de regalías
al 30%, eliminó el bono de guerra y el impuesto de remesa, y modificó las
regalías a un modelo escalonado que va del 8 al 25% según la producción del
campo, en casos como: nuevos descubrimientos (muy pocos hasta ahora), campos
descubiertos no desarrollados (Rubiales), y producción incremental en campos
maduros (Caño Limón, Cira-Infantas, Chuchupa, Casabe, entre otros), con
descuentos del 25% si es crudo pesado (Rubiales), del 20% si es gas (Chuchupa),
y del 40% si es gas a más de 1.000 pies de cuerpo de agua en la cuenca
marítima. Este modelo lleva a regalías del 10% en promedio, para un State Take
del 58%. En 2004, el gobierno de Uribe eliminó la participación del Estado en
la producción (volvió al modelo de Concesión de la época de la Colonia), y
otorgó exenciones tributarias que redujeron el State Take al 40% en promedio.”
Y concluye: “Si la producción actual llegare a sostenerse o incrementarse (…)
ésta no generaría al país una bonanza, debido a la baja Participación del
Estado en la Renta Petrolera (State Take).”
A Ecopetrol, principal
instrumento para capturar la renta petrolera, se la sometió además a un proceso
de marchitamiento que impidió su adecuado desarrollo y consolidación en el
negocio petrolero. Margarita Mena de Quevedo, exministra de Minas y
Energía, en su libro Jaque mate a Ecopetrol (3R Editores, 2006), explica
el proceso de estrangulamiento. Dice la ministra del gobierno Barco: “En los
primeros años de la década de los noventa...la toma de decisiones comienza a
resquebrajar su estructura organizacional, estrechar su radio de acción,
disminuir su actividad propia en exploración y producción de hidrocarburos, y,
en general, a someterla a un proceso de marchitamiento y de ruptura de su aparente
posición dominante en el transporte, refinación y distribución de combustibles,
hasta la pérdida de la administración de los petróleos nacionales desde el
primero de enero de 2004.”
En 1994 se le quita la autonomía financiera. Y aunque se crea Ecogas, esta
no fue parte de Ecopetrol, que cargaba con las deudas de la construcción de la
red de gasoductos por parte de terceros. La estatal perdió además 600 mil
millones de pesos en su venta. La decisión de desarrollar el plan maestro de la
Refinería de Cartagena (transitoriamente privatizada) y el plan de
modernización de la de Barrancabermeja tardaron más de una década. Fueron
vendidos los Terpeles, sacando a la empresa del negocio de la distribución
minorista de combustibles, que reporta ingresos por cerca de 4 mil millones de
dólares anuales. Los contratos de asociación Cravo Norte y Chuchupa, que le
revertirían en su totalidad a principios de la presente década, fueron
extendidos hasta el final de su vida económica, con pérdidas de miles de
millones de dólares. Se regresó, en contra de Ecopetrol, al colonialista
contrato de concesión, que rememora las malhadadas concesiones Barco y de
Mares, y se inició su privatización, la cual Santos pretende continuar.
Hoy, como
hecho nuevo de la política petrolera, está la privatización de Ecopetrol. La venta de acciones iniciada en 2007 se justificó en la
necesidad de unos recursos que la empresa habría conseguido en otro lugar, ya
sea mediante endeudamiento o reinversión de utilidades, sin que se diera paso a
que la Nación saliera de parte de su participación accionaria. De no aplicar la
reforma a la regalía de 2002 –que pasó de un promedio de 20 a 11 por ciento–,
no retornar al contrato de concesión y no extender los contratos de asociación,
la Nación podría mantener o incluso aumentar el flujo de recursos que le
tranfiere Ecopetrol y permitir un mayor desarrollo de la compañía.
Fueron colocados 4 mil millones de acciones a 1.400 pesos y se
recaudaron 5,7 billones. A la fecha, las acciones les han reportado a los dueños
una ganancia por valorización de 12 billones de pesos. La empresa les ha
entregado utilidades por 1,8 billones de pesos. Las ganancias por valorización
de las acciones son 6,7 veces las percibidas por la operación de la empresa. Es
en la especulación bursátil donde se halla el real negocio de la privatización
de Ecopetrol, ingresos en los que la Nación no participa y que, por
transferencia de utilidades, le significarán al gobierno, de llegar a
privatizarse el 30 por ciento de la empresa, una pérdida de 43 billones de
pesos en diez años. Para favorecer los intereses del capital financiero, se
mata la gallina de los huevos de oro.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, del total
de los ingresos que genera el sector petrolero, el 2,1 por ciento va a remunerar
el trabajo, 97,1 al capital y 0,7 al Estado a través del pago de impuestos. En
la minería las cifras son 7, 92,3 y 0,7 por ciento, respectivamente. Y en
relación con los insumos, los tres de mayor demanda en el sector petrolero son
hidrocarburos con 34,2 por ciento (para sacar petróleo en muchas ocasiones se
deben inyectar hidrocarburos al pozo), el transporte con el 27,5 por ciento y
el sector financiero 20,8 por ciento. Para el caso de carbón, por ejemplo, los
insumos de mayor demanda son el transporte 35,4 por ciento, los servicios
financieros 15,8 por ciento y combustibles 14,1 por ciento.
Sobresale el peso que ocupa en la demanda de insumos el sector financiero, que
capta una ascendente renta de las actividades productivas, como expresión del
fenómeno que algunos economistas llaman financiarización, que en palabras del
profesor Cesar Giraldo “significa que, en el proceso económico, la lógica
financiera se sobrepone a la lógica productiva.” La remuneración a otros
insumos o factores productivos se va subordinando a los intereses del capital
financiero, que en una visión macroeconómica obtiene un ascenso “como poder
económico y político” que se acompaña de una “disminución de la soberanía
económica y política de los Estados nacionales.”
Respecto a la minería, el gobierno se ratifica en la
idea de que solo la iniciativa privada la impulsa y que los mineros son
clientes de un Estado prestador de servicios. ¿A qué círculos se circunscribe,
entonces, la política minera? En cuatro segmentos se clasifica a los mineros:
Las unidades de pequeña escala, empresas mineras e industriales que obtienen
directamente sus recursos, empresas especializadas en actividades de
exploración –maduradoras de proyectos se les dice–, y las grandes compañías
trasnacionales. Estas últimas controlan más del 90 por ciento del PIB minero y
constituyen economías de enclave –sin ninguna relación con otras actitividades
productivas– de las que el país recibe bajos impuestos e inmensas afectaciones
ambientales y laborales. El gobierno, en este asunto, propone profundizar la
política.
En el punto
92 de su programa de gobierno, Juan Manuel Santos dice que la “regla de oro es
atraer más inversionistas de talla mundial, con ‘reglas del juego’ que
garanticen la estabilidad a largo plazo”. Por su parte, las bases del Plan de
Desarrollo ven con buenos ojos el establecimiento de mecanismos de selección
objetiva, los que, como se sabe, son determinados por la capacidad económica. Y
menciona la erradicación de la minería ilegal como pilar de acción, pues allí
anidan la mala percepción de la población y problemas ambientales y técnicos y
una imposibilidad para aumentar la productividad.
Tanto la legislación minera
como la fiscal y la de inversiones han sido proclives al gran capital, al cual
se le capturan porciones decrecientes de la renta que obtienen a partir de la
minería. La Ley 685 de 2001 tiene por lógica “considerar el título minero como
una mercancía y venderlo acorde con un precio equivalente al de las regalías
estipuladas en la Ley 756 de 2002. Así se gestó un proceso a la medida de las
multinacionales, cuando al hacerse a un derecho minero, adicionalmente se les
otorga el trato nacional, plenas garantías para remitir sus utilidades y, para
no reintegrar el producto de sus ventas [al exterior], (…) la exoneración del
pago de impuestos territoriales, municipales y departamentales, así como el
tributo de renta presuntiva. Luego de una década de instituirse este modelo
minero, colonial neoliberal, la toma de extensos territorios, encabezados por
los más ricos en carbón, pero también en oro, cobre, molibdeno, níquel y
esmeraldas,”
llegó a porciones importantes del territorio.
Guillermo Rudas, en una
evaluación de la política ambiental en el período 2002-2010, señala que en el
gobierno Gaviria se otorgaron títulos mineros por menos de 55 mil hectáreas al
año; en el de Samper, 70 mil hectáreas por año y en el de Pastrana 40 mil.
Entre 2002-2006, período de la primera administración Uribe, la titulación
llegó a 200 mil hectáreas año, pero, resalta Rudas, “entre 2007 y 2008 se
entregan…más de un millón doscientos mil hectáreas anuales.” A inicios de 2009
existían 4,36 millones de hectáreas tituladas, “y en solo nueve meses del 2009
(enero a mayo y julio a octubre) aparecen registros de nuevos títulos mineros
por” 4,83 millones de hectáreas, para un “área total titulada de 8,44 millones
de hectáreas (7,4% del territorio continental del país).”
Este mar de títulos ha desatado, además, un gran número de transacciones en el
mercado secundario, pasando de mano en mano, que en muchos casos no extraen un
gramo de mineral, pero, eso sí, de la operación financiera se obtienen inmensas
ganancias. La Greystar, por ejemplo, tiene 36 mil hectáreas en el páramo de Santurbán, sus reservas se
estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de plata. Lleva 15 años en
Colombia y ha invertido 140 millones de dólares. Hasta ahora no se ha extraído
un solo gramo de oro. Pero entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2010
sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares,
que no pagan regalías ni impuestos. “Greystar no está en el negocio de la
explotación minera sino en el de la especulación financiera.”
A
este boom, en alto grado especulativo, no se le puede llamar, en el caso
de la minería, bonanza. El presidente del Consejo Intergremial de Minería de
Colombia, Carlos Fernando Forero, dice que “Colombia sería un país con unos
cuantos buenos proyectos mineros, (pero) no será un país minero en estricto
sentido”. Y concluye: “No hay evidencia de la bonanza minera” (Foro
revista Semana, noviembre de 2010).
La privatización de Carbocol, estatal hasta octubre de
2000, y la de Cerromatoso, en 1997, privaron a la nación de la posibilidad de
participar más allá de los impuestos en la renta minera. En los años venideros
se proyecta que tanto la producción de carbón como la de oro crecerán en tasas
levemente superiores a las observadas en la última década. En términos físicos,
la de carbón lo hará en 55 por ciento y la del oro en más del 75 por ciento, de
80 a 124 millones de toneladas y de 48 a 75 toneladas año, respectivamente. A
primera vista, los crecimientos parecen extraordinarios, pero en el caso del
carbón, el crecimiento promedio anual es levemente superior a la tasa promedio
entre 2000-2010, de 12 a 14 por ciento. El sostenimiento de la producción de
oro registra alta incertidumbre. La emisión de más de dos billones de dólares
por parte de la Reserva Federal y la crisis económica en desarrollo han creado
un boom especulativo con el metal,
que a la vuelta de la esquina podría estallar y hacer caer los precios
internacionales, que ya superaron los 1.400 dólares la onza. Proyectos como La
Colosa en Cajamarca, Angostura en Santurbán y Marmato en Caldas, con alto
componente especulativo, podrían venirse abajo, aunque esto no debe entenderse
como una señal para que las comunidades de esas zonas bajen la guardia. La
“bonanza” especulativa, también ha afectado los precios mundiales de otras
materias primas, los cuales caerán estrepitosamente una vez revienten las
burbujas, como sucedió con el petróleo entre junio y diciembre de 2008. El
precio del barril pasó de 150 dólares a ubicarse en niveles cercanos a los 40.
En las privatizaciones de las empresas mineras, el
país, además de ceder el control sobre estratégicos recursos naturales, perdió
inmensos recursos. La venta de Carbocol, por ejemplo, está plagada de dudosos
movimientos. La venta, según la Contraloría General de la República, se efectuó
a menos precio y sin claro piso legal. La enajenación de Carbocol, dueña del 50
por ciento de El Cerrejón, se hizo por 383 millones de dólares,
aun cuando la banca de inversión la cuantificó, el 8 de noviembre de 1999, en
540 millones de dólares. Pero el avalúo definitivo, restado el “riesgo
político”, fue de 435 millones. El negocio incluyó una cláusula de protección
contra el riesgo cambiario, y así se exoneró al comprador del costo por la
devaluación. El contrato de venta incluía una cláusula donde Intercor (filial
de Exxon) podría vender su participación por un valor piso de 702 millones de
dólares, 267 más que lo aforado para Carbocol. Intercor vendió su parte al
consorcio (Glencore, Angloamerican y BHP Billiton) en 1.117 millones de
dólares, 685 millones más del que entró a las arcas de Colombia. Glencore, en
2006, cedió a Xstrata (de cuyo 35 por ciento es propietaria), por 1.700
millones de dólares, el 33,5 por ciento de El Cerrejón, equivalentes a 2.575
millones de dólares más de lo que vendió Colombia, según Juan Manuel López
Caballero.
En el caso de Cerromatoso, la empresa fue vendida en 1997 a BHP
Billiton, que pagó 180 millones de dólares por las acciones del Instituto de
Fomento Industrial (IFI). El proceso contó con sendas glosas de la Contraloría
General de la República, que en su momento señaló que el 47,79 por ciento de
las acciones de propiedad del gobierno fueron vendidas por 71 por ciento de su
valor real. Eduardo Sarmiento Palacio, reputado economista, explicó también
cómo estas acciones fueron feriadas en 74 millones de dólares menos de lo que
efectivamente costaban. Sarmiento mostró cómo la variación de que fue objeto la
tasa de descuento, variable que implica que cuanto mayor sea su valor menor es
el ingreso de quien vende, creció en 6 puntos, al pasar del 14 al 20 por
ciento, causándole al Estado un obvio detrimento patrimonial.
La minería recibe también
inmensos beneficios fiscales y cambiarios. La ley minera (685 de 2001) y la de hidrocarburos (Código de Petróleos, 1953)
mantienen algunas de las exenciones de las malhadadas concesiones Mares y
Barco. No pagan impuestos a departamentos y municipios. El costo anual de las
exenciones por reinversión en activos suma cerca de 4 billones de pesos, el 75
por ciento de lo recaudado por la regalía, exención suprimida en la última
reforma tributaria, cuando las empresas ya habían sacado buena parte del jugo a
la medida y, de acuerdo con algunos analistas, podría revivirse en el Plan de
Desarrollo en discusión. Una parte importante de sus inversiones, como las de
responsabilidad social empresarial y ambientales, pueden constituirse en
exención a la renta. Las importaciones de maquinaria y repuestos están libres
de aranceles y si se dan bajo la figura del leasing,
¡también! se convierten en rebajas a la renta. Sus exportaciones, de otro lado,
no pagan el IVA o se les devuelve. Y si la compañía, como es el caso de
Drummond y Cerrejón, se ubica en zona de frontera, el precio de los
combustibles llega máximo al 40 por ciento del cobrado a los colombianos y
hasta diciembre pasado, se les exonera de la tarifa de impuestos por su
consumo; 32 por ciento para la gasolina y 23 por ciento para el diesel. Además
se les eliminó el impuesto a la salida de utilidades. Entre 1996 y 2006, su
tarifa era de 7 por ciento. En 1990, 20%. A contrario sensu, a los colombianos
de a pie se les cobran IVA, retefuente, renta, industria y comercio, predial,
valorización, etc.
Y qué pasa con la regalía. Una
vez tramitada la Ley 685 de 2001, se dijo que el
Estado pondría todo el énfasis en ser un facilitador y fiscalizador del desarrollo de los proyectos mineros, dejando en
claro que es “la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el
desarrollo minero.” Sobre los 23 contratos que aportan el 95 por ciento de la
regalía, la Contraloría afirma que la información aportada por las empresas
concesionarias “es en un alto porcentaje de buena fe.” Y agrega: esto
representa “una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del
Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras.” En todos los
minerales, después de 2002, la regalía bajó. En carbón, por ejemplo, cayó de 15
a 10 por ciento.
Despues de las privatizaciones de las compañías
estatales y una vez surtidas las reformas económicas de los noventa, de la
confianza inversionista y la de la legislación minera, la participación estatal
se reduce al 16 por ciento. “En
comparación con el total de exportaciones mineras de US$10.000 millones en
2009, se tiene que los ingresos del Estado representaron el 12,6%. Si los costos de producción unitarios fueron
en promedio del 20% del precio internacional se puede estimar que la renta minera de los productores privados fue
del 83,7% y la del Estado 16,3%.”
En
relación con la baja participación en la renta minera, el exministro Camilo
González Posso concluye: “Todos los estimativos en Colombia llevan a situar la
participación estatal en renta minera como una de las más bajas en América
Latina; Colombia se coloca por debajo del promedio de la región sin otra razón
evidente que ceder a las presiones políticas de los inversionistas extranjeros.
Aún en situaciones de altos precios y ganancias exorbitantes por encima de una
TIR normal, en Colombia se carece de mecanismos para que el Estado aumente su
renta proporcionalmente a la eventual bonanza o auge cíclico.”
Renta minera, varios países
|
País
|
Part. % Renta Estado
|
Año
|
|
Petróleo México
|
100
|
2006
|
|
Petróleo Venezuela
|
73
|
2005
|
|
Petróleo Ecuador
|
54
|
2005
|
|
Cobre Chile
|
55
|
2006
|
|
Cobre Perú
|
25
|
2006
|
|
Minería Colombia
|
16
|
2009
|
Fuente:
Tomado de La renta minera en el Plan de
Desarrollo, 2010-2014, Camilo González Pozo, Indepaz, pp. 22
Es falaz afirmar que en el país existe una bonanza
minero-energética. Ni Carlos Rodado Noriega, ministro de Minas y Energía, se ha
atevido a certificarla. Así la producción petrolera y minera aumentara de acuerdo
con las proyecciones del gobierno, la sociedad en su conjunto no se
beneficiará. Primero, en el caso de los hidrocarburos, las reformas al contrato
petrolero han incrementado la participación de las multinacionales en la renta
petrolera. Y la política de debilitamiento y privatización de Ecopetrol impide
una mayor captura de la renta, que, al contrario, cae. En la minería no existe
empresa estatal. El único vehículo para participar en la renta son los
impuestos, cuyo régimen está plagado de exenciones y gabelas que no llevan a
que las empresas paguen lo que deberían. Por otro lado, el pago de
contraprestaciones como la regalía no es vigilado y las compañías lo evaden,
como la ratifica la Contraloría. Beneficarse del buen momento minero y
petrolero pasa por una profunda revisión de la política, que el gobierno ni por
error piensa hacer.
La equidad intergeneracional e interregional
La regalía es la contraprestación económica que pagan particulares o
empresas estatales cuando obtienen el derecho a explotar un recurso natural no
renovable. En tiempos de la Colonia, el “terminó ‘regalía’ se usó más bien como
sinónimo de privilegio perteneciente a la Corona, que la habilitaba para
otorgar a los particulares derechos o licencias o para proveer cargos y dignidades…La
regalía era entonces sinónimo de gracia o merced real.” Luego la forma como se
cobra y como se distribuye “se refiere al sistema jurídico según el cual, el
Estado, como dueño originario de las minas, otorga a los particulares el
derecho a explorarlas y explotarlas bajo ciertas condiciones. Una de ellas, el
cobro de una participación sobre las sustancias extraídas.”
Sí se quiere cambiar la forma en que se distribuye la
regalía entre unas y otras entidades territoriales, bastaría reformar la Ley
141 de 1994, no la Constitución. El gobierno anterior, ya en su epílogo,
intentó crear un fondo de ahorro de regalías y modificar la distribución entre
municipios y departamentos. No lo logró por sus embelecos reeleccionistas.
Entonces ¿por qué cambiar la Constitución? Las circunscripciones donde hoy se
ubican los pozos o las minas tienen derechos constitucionales sobre las
regalías. El resto de entidades, también. Para eso se creó el Fondo Nacional de
Regalías, de donde no fluyen los recursos (hoy tiene 4,3 billones de pesos)
porque el gobierno se los gasta. Entre 2009 y 2011, el Ministerio de Hacienda
comprometió 3,3 billones de pesos del FNR, y con la emergencia decretada por la
previsible ola invernal, también se embolsilló 400 mil millones de pesos del FNR.
Luego a las entidades territoriales que no participan en la regalía directa les
quedan 600 mil millones de pesos.
Las regalías recaudadas en 2008 fueron $6.8 billones, en 2009 bajó a $5.3
billones. Las proyecciones del Gobierno son más optimistas y le apuestan a
recibir $7.4 billones en 2010, $10.3 billones en 2015 y $11.9 en 2020.
Fuente: Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación.
Las proyecciones evidencian que el papel puede con todo. La exposición de
motivos del Proyecto de Acto Legislativo dice: “Ante el importante crecimiento
de los recursos derivados de la producción de hidrocarburos y por ende del
ingreso fiscal derivado de la renta petrolera (impuestos, dividendos y
regalías) el Gobierno Nacional propone al Congreso de la República el rediseño
del marco consitucional que hoy rige la distribución de regalías en Colombia”. Afirma Planeación Nacional que de las regalías directas entregadas
entre 1991-2009, 80 por ciento se quedaron en ocho departamentos. La afirmación
esconde un truco, la palabra directas.
La Constitución habla de regalías directas e indirectas. Estas últimas se
distribuyen a través del Fondo Nacional de Regalías, administrado por el
gobierno, el que, además, se viene gastando la plata allí guardada. En este
punto se evaden dos aspectos: lo baja de la regalía y quién concentra la renta
petrolera. Las multinacionales mineras y petroleras son parte de los
usufructuarios de la Confianza Inversionista. Se trata de impuestos que los
ciudadanos de a pie pagan, ellas no. La regalía que se paga actualmente oscila,
en promedio, entre 8 y 11 por ciento, mientras que el promedio internacional es
17 por ciento. Una persona del estrato uno, al hacer una llamada telefónica,
paga un IVA del 16 por ciento.
Según cálculos de Óscar Vanegas, director del Centro de
Altos Estudios Minero-energéticos de la UIS, de cada cien
pesos de renta petrolera, hoy los municipios y departamentos productores de
hidrocarburos se quedan con 7,54 pesos, el gobierno central con 34,46 y el
inversionista (privado o Ecopetrol) con 58. El gobierno recibe también parte de
las utilidades de Ecopetrol, que en 2009 le transfirió 5,21 billones. Dónde
está, entonces, la porción más grande de la torta. Las boronas se las quitarán
a unos para dárselas a otros, pero el Estado debería, mediante el aumento de
impuestos a las trasnacionales y la regalía, agarrar una mayor tajada de la
renta de nuestros recursos naturales no renovables y distribuirlos entre las
entidades territoriales, sin afectar los ingresos de las productoras. Para que
la sábana de la renta minero-petrolera arrope a todos, debe aumentarse. Lo
contrario es arropar a unos, descobijando a otros. Así no se logra equidad regional.
La reforma establece la creación de unos fondos. El de
Competitividad, el de Equidad Regional, el de Ciencia y Tecnología y un fondo
de ahorro. Durante la primera de las dos vueltas que debe tener la reforma
legislativa 013 en el Congreso, se distribuyó entre los congresistas un cuadro
donde se decía que a todos los entes territoriales les llegarían, en promedio
año, entre 2012-2014, 9,6 billones de pesos. Pajaritos de oro. De ese total, 10
por ciento (961 mil millones) alimentarán el fondo de pensiones territoriales,
otro 10 por ciento se gastará en ciencia y tecnología y un 30 por ciento (2,9
billones), como mínimo, se consignarán en un fondo de ahorro en el exterior.
Entre los entes territoriales se distribuirá el mismo dinero que hoy llega, 4,8
billones. Con un elemento nuevo: será el gobierno el que defina el destino de
esos recursos, pues se priorizarán los gastos regionales, los cuales,
legalmente, solo los ministerios pueden ordenar. La ley define que los alcaldes
y gobernadores son la máxima autoridad dentro de los límites de su
jurisdicción. Las llamadas regiones no están definidas legalmente. Y además,
los dineros se gastarán en proyectos de impacto regional, luego los contratos a ejecutar disfrazarán las
obligaciones nacionales con el mote de regionales. Son contratos que vendrán
acompañados de macrocontratistas. “No más gastos chichigüeros”, es la frase de
Juan Carlos Echeverry para despreciar a los pequeños y medianos empresarios que
hacen las obras departamentales y municipales, que se verán desplazados por los
señoritos del gran capital.
Después de declarada la comercialidad de Cusiana, en
Colombia se “armó” un debate sobre qué hacer con los miles de millones de
dólares de la bonanza petrolera, que de paso, nunca llegó. Por esas calendas (1990-1994)
también se habló de un fondo (el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera,
FAEP), creado en 1995, para contrarrestar los efectos sobre la tasa de cambio,
que entre 1995 y el 2000, estuvo revaluada, hecho que se contó entre las
fuentes de la ruina del agro y la industria de finales del siglo XX. El año
pasado la rentabilidad de los dineros consignado en el FAEP fue del 0,67 por
ciento. Los fondos de ahorro pueden servir, pero también pueden no hacerlo,
pues por sí solos no contrarrestan los efectos macroeconómicos de una entrada
masiva de divisas.
En la presentación del libro Cusiana, un reto de política macroeconómica (DNP y Banco Mundial,
1994), Cesar Gaviria Trujillo decía que “Cusiana aumentará la tasa de nuestro
crecimiento en 0,6% por año, lo que hará que el PIB del año sea un 4,5%
superior al que se producirá sin estos fondos adicionales. Si invertimos las
regalías en proyectos de alta rentabilidad social tales como los de
infraestructura y las tranferencias en fortalecer la política social, ahorrando
los recursos de la nación, podremos defender nuestra tasa de cambio, y la
bonanza petrolera será una fuente de bienestar y crecimiento adicional que
beneficiará al país en el largo plazo. Incluso, la parte que correponderá a la
nación puede ser utilizada de manera muy productiva, por ejemplo, mediante la
cancelación gradual de la deuda pública, liberando así los recursos
relacionados con su servicio y destinándolos a reforzar el gasto social.”
Armando Montenegro, director por esa época del DNP,
afirmaba: “Tenemos la convicción de que la correcta utilización de los recursos
de Cusiana debe conducir a profundizar el proceso de modernización e
internacionalización de nuestra economía. La mayor apertura y la continuación
de las reformas no sólo es aconsejable por sus efectos generales sino porque
facilita el manejo mismo de la bonanza.” Al respecto, citemos de nuevo a
Aurelio Suárez, quien en una exposición de lo sucedido en Colombia entre
1990-2000 explica: “El desequilibro en el comercio exterior se financió con
endeudamiento a altas tasas de interés y éste, a su vez, con políticas fiscales
regresivas que ahondan la recesión. El país se ha convertido en un gran
exportador de ahorro vía pago de la deuda pública y privada (…) Las
consecuencias son el desempleo, la desaparición de importantes ramas de la
producción agrícola e industrial (…) y la disminución de la inversión a menos
de la mitad de sus registro históricos.”
Con Cusiana también se habló de un remezón
científico-tecnológico. Los cambios en la técnica son mucho más complejos de lo
que hace ver el gobierno. Colombia, en las últimas dos décadas, no ha avanzado
en la producción de bienes complejos. Al contrario, hemos sufrido una
reprimarización de la economía y en los tiempos del neoliberalismo, los
renglones industriales que producían bienes con algún nivel de complejidad
fueron los que más retrocedieron e, incluso, algunas ramas desaparecieron.
Seguimos teniendo bajísimas inversiones en conocimiento y las reformas
educativas aplicadas desde la vigencia de la Ley 30 de 1993, han ido en contra
de la calidad de la educación superior.
Planeación Nacional expone, para justificar la
reforma, que las entidades territoriales receptoras de regalías directas no
cumplen los estándares mínimos en cobertura en salud, servicios públicos y
educación. Concluye que la causa principal es la ineficiencia y la corrupción.
El departamento de Arauca, por ejemplo, hasta el descubrimiento de Caño Limón,
padecía un contexto de abandono y marginalidad. Su población rural se dedicaba
a la ganadería extensiva y a la agricultura de subsistencia. La urbana dependía
del comercio con Venezuela y de la burocracia local. Los recursos para
funcionamiento e inversión del departamento provenían del gobierno nacional.
Existían solo 130 kilómetros de carreteras, alrededor de Saravena, y a Tame
solamente se utilizaba el transporte aéreo. En Arauca, la capital, la única vía
terrestre era la carretera hacia San Cristóbal y Cúcuta, por territorio
venezolano. Las oficinas gubernamentales eran muy pobres.
Las coberturas en la educación primaria y secundaria,
así como los servicios de acueducto y alcantarillado eran extremadamente
precarios. No había televisión ni telefonía. Con las regalía se construyeron y
pavimentaron 917 km por lo largo y ancho del departamento, comunicándolo con el
resto del país. Estas vías requirieron 10 grandes puentes y casi 200 de tamaño
pequeño o mediano. Se pavimentaron 130 kilómetros de calles en la ciudad de
Arauca, 50 km en Saravena, 50 km en Tame y cantidades menores en los demás
municipios. La cobertura del acueducto, que en 1985 era del 40%, hoy es de
82,5% a nivel departamental, el 92% en su capital y del 84,7% en Tame, segundo
municipio en importancia. La cobertura del servicio de alcantarillado pasó del
6,6 % en 1985 al 72,8% hoy. En su capital es del 90%, con óptimo tratamiento de
aguas residuales.
Sobre el alcance de coberturas mínimas en distintos
servicios, la Contraloría ha mostrado lo restringido de la visión del gobierno.
La ley
determina que las regalías deben orientarse hacia proyectos de inversión
siempre y cuando se hayan alcanzado las coberturas básicas. Existe una
evolución normativa que clarifica el término “cobertura básica”. El proceso que
se inició con la Ley 141 de 1994, ha estado caracterizado por vacíos y
ambigüedades que posiblemente han propiciado la indebida utilización de
recursos o la pérdida de los mismos. El término “cobertura” hace referencia al
porcentaje de beneficiarios que pueden acceder a determinado servicio; siendo
catalogados como básicos para determinar la inversión en regalías los de
salud de la población pobre, educación básica, agua potable y alcantarillado.
El Plan Nacional de Desarrollo
ha establecido asimismo un nivel mínimo de cobertura en estos sectores. Adicional
a este concepto, se ha definido como prioritaria la disminución de la
mortalidad infantil.
Mientras las entidades territoriales no cumplan con los niveles mínimos
establecidos como meta en coberturas básicas y no sobrepasen el nivel máximo de
mortalidad infantil, deben destinar la mayor parte de los recursos de regalías
a alcanzarlas.
¿Qué implica alcanzar coberturas mínimas? La
extracción de hidrocarburos es la actividad que más aporta al PIB departamental
del Casanare, donde entre 2000 y 2008 se recibieron por concepto de regalías
aproximadamente $6 billones, a pesos constantes de 2008.
Es una región de extensas zonas con población dispersa, y la densidad se
calcula en 5,4 hab/km2. En Cundinamarca, por ejemplo, es de 102,4
hab/km2.
Por su parte, La Guajira está caracterizada por una importante presencia
indígena en unión con una condición climática extrema, de amplias zonas
desérticas y poca riqueza hídrica. Región rica en carbón y gas que ha recibido
entre 2000 y 2008 $2 billones por concepto de regalías, a pesos constantes de
2008.
En el caso de la cobertura en agua potable y alcantarillado, por un lado, se
establece una meta, que puede ser entendida como un objetivo nacional y que
puede compararse con el promedio nacional; de manera que se tiene que la meta
en alcantarillado es del 84,9% frente a una cobertura promedio nacional del
73,35%, según el Censo de 2005. Aquí está planteada la primera dificultad.
Estas metas, que son nacionales y únicas, son a la vez los referentes de los
entes territoriales. Lo anterior implica que la meta establecida no tiene en
cuenta las características propias de cada región ni sus niveles actuales de
cobertura.
La meta nacional puede estar muy lejos de la realidad
evidenciada en ciertos municipios y departamentos, de manera que se están
comparando bajo el mismo parámetro todos los entes territoriales del país. Se
observa con la misma óptica un municipio como Manaure, que presenta una
cobertura urbana aproximada del 25% en acueducto y alcantarillado, con Barrancas
cuya cobertura es del 88%, aproximadamente.
Cuando un municipio se encuentra muy alejado de la meta propuesta, esta deja de
ser un referente para incentivar e inclusive para medir el resultado de sus
inversiones. Así concebida, la meta no es creíble ni alcanzable en los términos
del Plan Nacional de Desarrollo.
Dentro de este marco normativo, el esquema actual
exige evaluar si un ente territorial alcanzó o no los niveles de cobertura
fijados por el gobierno nacional, pero no deriva en un análisis sobre cuál
debiera ser el nivel de cobertura según los recursos invertidos. En suma, la
generalidad de la norma, con el establecimiento de metas globales de cobertura
que dejan de lado el nivel de desarrollo de las regiones, sus condiciones
geográficas, las necesidades de la población ajustadas a las condiciones
socio-culturales y la capacidad de sostenimiento fiscal autónomo de los entes
territoriales, dificulta un adecuado seguimiento y control de la inversión e
imposibilita la evaluación de impacto.
Conclusiones
Santos busca restringir más el gasto social, concentrar los dineros de
la regalía en el gobierno central y consignar recursos en fondos en el exterior
–que hoy rentan menos del 1%– para garantizarles a los dueños de la deuda
pública que sus amortizaciones e intereses serán servidos oportunamente. El
desbarajuste de las finanzas públicas y las distorsiones monetarias, muy
propios de la apertura económica,
buscan suavizarse con medidas que más que contrarrestarlos, los agravarán. Ante
la libertad de capitales y de comercio, el caos se convierte en regla.
El gobierno expone que la sostenibilidad y la
regla fiscal fortalecen “el proceso de ajuste realizado a lo largo de la última
década.” “Prometo sudor y lágrimas”, fue la frase con la que el entonces ministro
de Hacienda, Juan Manuel Santos, explicó los efectos del programa de ajuste
“pactado” con el FMI en 1999. De este y los posteriores acuerdos emanaron
reglas fiscales (la dos reformas a las transferencias y la Ley 617 de 2000, de
ajuste a los entes territoriales) que recortaron las transferencias para
educación, salud y agua potable en más de 70 billones de pesos, y que a
departamentos y municipios les impusieron restricciones que los llevaron a
tener superávit presupuestarios por $13 billones entre 2001 y 2009,
“balanceando”, junto a otras entidades descentralizadas, el déficit del
gobierno nacional. Los menores recursos transferidos y los superávit impuestos
desmejoraron la calidad de la educación, sirvieron de base para la crisis
territorial de la salud y empeoraron la cobertura real en el servicio público
de agua. Contrario sensu, se abonó el
campo para que la deuda pública entre 2000 y 2009 pasara de $64 a $177
billones, a pesar de que su servicio costó $263 billones y los nuevos préstamos
$266 billones. Estamos pues, como afirma Amylkar Acosta, ante un trasvase de
recursos. Lo que hoy es propiedad actual o futura de los entes territoriales,
con la reforma ya no lo será. Todo para sostener el voraz apetito del capital
financiero imperialista y en contra de los derechos del pueblo.
El quid de la reforma es, entonces, quitarles a los entes territoriales
el derecho constitucional a decidir sobre el gasto con las regalías. Crecerán
las carencias presupuestales de los departamentos donde se ubican los yacimientos
de hidrocarburos y minerales, y con la reforma el gobierno definirá los gastos.
En adelante, la plata de las regalías será invertida en macroproyectos que
vendrán acompañados de macrocontratistas, desplazando a los medianos y pequeños
empresarios nacionales. El país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto
de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que
sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo
determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de
que los conviertan en sus intermediarios.
Bogotá, 21 de febrero de 2011.
PhD y profesor asociado Facultad de Minas Universidad
Nacional de Colombia en Medellín, ¿Cuál boom petrolero?. UN Periodico
Impreso No. 136, agosto de 2010.
Mundialmente se conoce como renta petrolera
la suma de las regalías, los impuestos y la utilidad que genera la explotación
de hidrocarburos. La utilidad es repartida entre el Estado (participación en la
producción) y la empresa contratista que realiza la extracción.
Se refiere al conjunto de las
leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y 1283 de 2009.
La definición de cobertura
específica para cada sector se define en las siguientes resoluciones: Salud:
Resolución 2596 de 2008 del Ministerio de Protección Social; Educación:
Resolución 4911 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional; y Agua potable y
alcantarillado: Resolución 20084000007535 de 2008 de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
La metodología para determinar
la Tasa de Mortalidad Infantil es definida en la Resolución 304 de 2007 del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
De acuerdo a la Ley 1283 de 2009, artículos 1 y 2, Mientras las
entidades municipales o departamentales no alcancen coberturas mínimas en
indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica de salud y educación, agua
potable y alcantarillado, deberán asignar no menos del 75% o 60%
respectivamente, del total de sus regalías para estos propósitos.
Agencia Nacional de
Hidrocarburos, cálculos propios.
Agencia Nacional de
Hidrocarburos, Ingeominas. Cálculos
propios
Las cifras hacen referencia
únicamente a la cobertura de acueducto y alcantarillado urbano.
