Vienen por todo


Vienen por todo
Francisco Torres, Arauca, junio 27 de 2011.
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Hay palabras que se escriben en piedra. Cuanto más lluvia y viento las azota, más salta a los ojos su contundente verdad. Así, las que escribiera Francisco Mosquera, al denunciar la naturaleza virulentamente rapaz de la política neoliberal dictada por el imperialismo norteamericano y ejecutada con toda pomposidad y servilismo por la oligarquía criolla: vienen por todo.
Sí, vienen por todo. Y esa verdad, combatida, ignorada y trastocada desde el gobierno y los monopolios; ocultada, ridiculizada y despreciada por los grandes medios de comunicación –que, naturalmente, se beneficiaron y benefician de su papel de calanchines, payasos es la palabra que usa el pueblo, en los turbios negociados-; y justificada por la tropa escasa de patria de la mayoría de los gobernantes y políticos locales con la parsimonia de su acostumbrada abyección de pelechar con las migajas que le arrojan de la mesa cargada de manjares de los monopolios y el Estado; esa verdad se ha vuelto tan evidente que esta semana que acaba de pasar, en la Asamblea Departamental de Arauca -un lugar desacostumbrado para escucharla, a no ser en labios del representante del POLO-, un diputado de la bancada de Unidad Nacional se hizo su vocero:
¡Nos quitaron las regalías, también nos quitan las tierras!
Vivir para ver. Y ciego sería quien no viera lo que está pasando en Arauca –y en Colombia- con ocasión de la explotación petrolera entregada privilegiadamente a las multinacionales en detrimento de Colombia. Caño Limón –en las manos ávidas de la OXY- ha dado para otra expoliación, la de los campesinos: primero, desaparecieron las veredas de La Osa, Vivero, Líbano y Corralito de donde salieron 160 familias con la promesa de ser reubicadas, cosa que no se cumplió; y luego, con el fatídico decreto 2664 de 1994, dejaron de ser adjudicables los baldíos situados dentro de un radio de cinco kilómetros de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, con lo cual cientos de familias de las veredas El Sinaí, Nubes A y B, La Yuca, La Becerra, El Sol, La Pesquera, Mata Oscura y La Arenosa se quedaron en la precaria situación de ocupantes, sin títulos de las tierras que en medio de las penalidades desbrozaron, sin posibilidad de un crédito bancario, una ayuda estatal o, ni tan siquiera, de un arreglo de las escuelas a las cuales también se les niega las escrituras. Después, las familias que no tienen títulos en las veredas alrededor del reciente campo de Caricare se encuentran en la misma situación. Ahora, como se denunció en la Duma Departamental, por algún expeditivo medio se englobaron nuevas veredas a la zona de exclusión de campesinos del enclave colonialista.
Tan grave es la situación, que según el INCODER, en el extenso municipio de Arauquita, con 3.281 kilómetros cuadrados, apenas es adjudicable el 33% de su área. Si bien es cierto que hay resguardos indígenas, también lo es que una gran parte de las tierras arauquiteñas no pueden ser tituladas a sus legítimos propietarios por normas hechas a la medida de los apetitos de las multinacionales a las cuales, en cambio, se les permite hacer y deshacer con los ecosistemas como ha sucedido con el santuario del Lipa y ahora va a pasar con la perforación en el lecho de la laguna del Lipa.
Pero como sucede con el neoliberalismo, por malas que sean las cosas pueden llegar a empeorar. Si se llega a encontrar petróleo en los trabajos que adelanta la Pacific el campesinado araucano -que se da con orgullo el título de criollo- de grandes áreas de los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón será excluido de la posibilidad de tener escrituras de tierras que por generaciones ha poseído. Lo mismo puede suceder en Tame, donde la población se ha organizado para oponerse a los trabajos de sísmica que se vienen haciendo en el piedemonte, donde van afectar los nacimientos de agua. A ello añadamos la construcción del Oleoducto Bicentenario con el cual los campesinos verán enajenado casi que a perpetuidad la franja por donde pasa a cambio de una irrisoria indemnización.
De manera que los habitantes de las comarcas petroleras se van a quedar sin regalías, sin tierras, con el irreparable deterioro ambiental y con la catástrofe social y económica, uno de cuyos más visibles efectos es la imparable destrucción de las carreteras por el tráfico de tractomulas al servicio de las petroleras.
Como la tragedia viene generalmente unida a la ironía, y en este caso a la desvergonzada caradura del Gobierno de Santos, mientras al campesinado se le niega la tierra con el artículo 9 del decreto 2664, el Gobierno y el Congreso corren a tumbar la ley 160 y el mencionado decreto en lo que respecta a la Unidad Agrícola Familiar, UAF, para favorecer al capital financiero y a las multinacionales, que están de plácemes porque fueron escuchados sus clamores y en los artículos 45 y 46 del Plan Nacional de Desarrollo se le va a permitir al Estado titularles tierras por encima de la UAF, es decir miles y miles de hectáreas.
Eso sí, nuevamente claman como un canastado de pollo los sufridos magnates para que no les suban y ojala eximan del impuesto predial. Ese que lo pague la ciudadanía de a pie. De todos modos ya hay un ejemplo en ese sentido, las multinacionales petroleras y mineras no pagan impuesto predial ya que no son dueñas en general de las tierras donde extraen los recursos naturales no renovables. Y tampoco pagan industria y comercio a los municipios donde realizan sus actividades. Puede que a estos nuevos llaneros que vienen como zamuros a apoderarse de las siete millones de hectáreas de la altillanura de la Orinoquia también les haga el Gobierno el favorcito de eximirlos de pagar sobre sus actividades comerciales.

El paro cívico en la Guajira: una gran lección de unidad


El paro cívico en la Guajira: una gran lección de unidad

Felipe Rodríguez Rodríguez, Riohacha, junio 1º de 2011

En un gran éxito se constituyó el paro cívico en La Guajira, realizado el pasado 26 de mayo. El titular de un periódico local lo refleja al decir que “se paralizó el 98% de la economía del departamento sin romper un vidrio”.
Desde comienzo del mes de octubre se inició la estructuración del Comité Cívico Departamental en Defensa de las Regalías, a instancia de Sintracarbon, la Asociación de Educadores de la Guajira, ASODEGUA, la CUT-Guajira, Reclame Guajira, el Centro de Estudios del Carbón, capitulo Guajira, el representante a la cámara por el Partido Liberal Jimmy Sierra Palacio y los diputados conservadores Deimer Marín, Rosa Pacheco, la diputada del partido Verde Isabel López y Jary Fuminaya de la U y otros dirigentes políticos y cívicos.
A partir, del 23 de octubre, por resolución de la Asamblea Departamental, se inicia la constitución de los distintos comités municipales. El gobierno de Santos, haciendo valer su naturaleza marrullera y cínica, monta el debate sobre las regalías, como un pleito entre “los corruptos” de los municipios y los departamentos que reciben regalías directas, donde se explotan los minerales, y “los honrados” del gobierno nacional, que quieren definir qué hacer con esas platas. Esto confundió no solo a amplios sectores del pueblo, sino también a algunos directivos sindicales, estudiantes universitarios y alguna dirigencia de la izquierda democrática, que no aceptaba alianzas con la clase política tradicional del departamento y los municipios.
Frente a esa situación se inició de manera intensiva un proceso de pedagogía política, consistente en desnudar las verdaderas razones que le asisten al gobierno central para modificar el régimen de regalías. El gobierno las necesita para enjugar su déficit fiscal y efectuar gastos de responsabilidad nacional a los que llamará regionales.
El argumento de mayor peso para dar claridad a los sectores confundidos fue el del reparto de la renta petrolera, que incluye regalías, impuestos y ganancias: a las trasnacionales les toca el 58%, al gobierno nacional el 34.46% y a las regiones productoras, que cargan con los enormes daños ambientales y sociales propios del negocio, apenas el 7.54 %. En este proceso visitamos los colegios, la universidad, las rancherías indígenas, hicimos reuniones con los gremios y con los distintos candidatos a las alcaldías municipales y a la gobernación. Igualmente, reunimos a los alcaldes, en fin, adelantamos un sinnúmero de actividades de clarificación.
El 21 de octubre, en el marco de un foro organizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, el deslenguado presidente del Cerrejón, León Teicher, arremetió contra la clase política del departamento, al hablar de “robo” y que “los recursos se pierden en el camino”. Inmediatamente, el gobernador Jorge Pérez Bernier le replicó afirmando que “Nosotros venimos trabajando de forma seria” y “además tenemos todos los organismos de control fiscal y disciplinario encima”. Todos los meses tenemos que atender y rendir cuentas de lo que hacemos con la plata de las regalías a los organismos de control y de Planeación Nacional, que también vienen a verificar y controlar en que se han invertido esos recursos”. Fue así como la clase política empezó también a involucrarse en la lucha.
Unas tres mil personas recorrieron las principales calles de Riohacha, el 9 de noviembre, encabezadas por el Gobernador Jorge Pérez, el alcalde de Riohacha Jaider Curiel, los parlamentarios, los diputados, los alcaldes de Hato Nuevo, San Juan y Maicao, los candidatos a la Gobernación y en fin, el grueso de la dirigencia tradicional del departamento. Se hicieron también presentes la clase obrera, representada por los afiliados a Sintracarbon, los maestros, los indígenas y los estudiantes universitarios y de secundaria.
El Cerrejón, del consorcio compuesto por AngloAmerican, BHP Billiton y Xstrata, tiene 5.116 trabajadores con vinculación directa y 5.225 tercerizados, a los cuales se les prohíbe afiliarse al sindicato. El consorcio es indolente frente a la seguridad industrial, indolente con las enfermedades profesionales, con los enfermos y con los trabajadores que se accidentan. Este consorcio trasnacional adelanta un hostigamiento sistemático contra las comunidades que viven cerca de la mina, consistente en la compra inicial de las tierras productivas de cada región, encerrando a cada población y acabando con las fuentes de trabajo. Además, la contaminación del medio ambiente y de fuentes de agua y de comida para el ganado produce efectos sumamente adversos, a corto o largo plazo, para la salud de las poblaciones vecinas.
A finales del marzo, el Cerrejón comienza a socializar su proyecto de expansión, mediante el cual pretende llevar la producción a 60 millones de toneladas. Dicho proyecto incluye el desvío del río Ranchería en 26,2 kilómetros, ya que debajo del lecho del rio existen 700 millones de toneladas de carbón de la mejor calidad.
El 1° de abril se realizó la gira del senador Robledo por los municipios carboníferos, con el fin de poner de nuevo al orden del día el tema de las regalías. En el marco de esta gira se hizo una reunión con la Asociación de Cabildos Indígenas del Sur de la Guajira, AACIWASU, y con la Federación de Comunidades de La Guajira. Robledo les aclaró cómo las regalías indirectas, que van al resto del país a través del Fondo Nacional de Regalías, son controladas por Planeación Nacional y destinadas a cubrir los gastos del gobierno central y que en el proyecto de Acto Legislativo, un grueso porcentaje quedará congelado en un fondo en el exterior.
De otra parte, en abril, la multinacional brasilera MPX inicia la socialización de su proyecto, el cual incluye la explotación de carbón a cielo abierto, similar a la del Cerrejón, en un área de 65.000 hectáreas concesionadas, en el corregimiento de Cañaverales, en jurisdicción de San Juan del Cesar y en Papayal, zona rural de Barrancas. Simultáneamente, construirá un puerto para embarque del mineral en el municipio de Dibulla, al norte del Departamento.
Por la importancia que reviste para las comunidades el río Ranchería y el Manantial de Cañaverales y por el desastre ecológico y ambiental que causarán a nuestro a medio ambiente, a los ecosistemas, a la fauna, a la flora y a la vida de todos los habitantes, se genera un profundo malestar en distintos sectores sociales, en los obreros, en los estudiantes, en las comunidades indígenas y afro y en la clase política, que había sido tildada por el presidente de Cerrejón de corrupta y ratera.
La dirección del Comité Cívico Departamental entendió que la tarea principal era conjugar toda esa gama de fuerzas, independientemente de credos políticos y de diferencias locales. Se requería una alta dosis de claridad y flexibilidad y métodos adecuados lograr unir en la pelea frente a las multinacionales a sectores sociales con intereses tan distintos.
Aprovechando ese haz de contradicciones, unificamos la bandera de la lucha contra el acto legislativo 013. Propusimos entonces un paro cívico departamental, para el día 26 de mayo, con tres objetivos: 1. El rechazo al acto legislativo 013, que pretende raponearles a los departamentos y municipios productores el manejo autónomo de los recursos de regalías y concentrarlo en el gobierno de Juan Manuel Santos, 2. En defensa del río Ranchería y del manantial de agua dulce de Cañaverales, en el municipio de San Juan del Cesar, amenazados por las multinacionales del Cerrejón y MPX, 3. Por la reivindicación de los territorios de las comunidades indígenas y afro aledañas a los complejos carboníferos.
El paro cívico se realizo en 12 municipios, de los 15, con bloqueos en 22 sitios, con parálisis de las actividades institucionales, comerciales, de transportes y productivas del complejo carbonífero del Cerrejón y el departamento, y con una alta participación en los bloqueos y las marchas de los obreros, indígenas, maestros, campesinos, estudiantes, dirigencia política y cívica, organizaciones sociales, comerciantes, transportadores, concejales, ediles, candidatos a la gobernación, a la alcaldía y a los concejos municipales, en fin, de todas las fuerzas vivas de los municipios y del departamento.
Pasado el exitoso paro, el Comité Cívico y los Comités Municipales de paro, se declaran en asamblea permanente, para por un lado, fortalecer organizativamente los comités y por otro, acometer la tarea profundizar en el proceso pedagógico de explicación de lo que significan las regalías y llevar adelante la organización de un paro cívicoindefinido.

PARO CÍVICO


El gobierno neoliberal de santos nos despojo de las regalías


“Consumatum est”

Carlos Tobar, Diario del Huila, Neiva, junio 14 de 2011

Todo está consumado. El acto legislativo aprobado por el congreso la semana pasada que reforma el sistema de distribución de regalías, cercena de una vez y para siempre un derecho establecido en la Constitución Nacional para las regiones productoras de recursos minerales y de hidrocarburos. La compensación establecida reconocía los perjuicios que de diversa índole causan a las regiones productoras la explotación de esos recursos. Hoy se quedarán “con el pecado y sin el género”. Para el Huila y los municipios petroleros por la disminución del porcentaje de participación, como por la merma de la producción de petróleo, es un golpe duro que se sentirá con fuerza en el futuro inmediato y mediato.
Esta medida está en la misma línea de los dos actos legislativos anteriores, que han recortado las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación a departamentos y municipios, así como, de una anterior modificación que redujo los porcentajes de las regalías que pagan las multinacionales del petróleo, según los volúmenes de producción de los pozos, reformas que han significado una disminución sustancial de los recursos territoriales. El camino recorrido a lo largo de los 20 años que llevamos bajo la nueva constitución, ha sido el de la recentralización no solo de los recursos, sino de las decisiones administrativas. Es una ofensiva sin tregua, bajo la inspiración y orientación de los organismos internacionales de crédito –tipo Banco Mundial o FMI–, que el gobierno central ha seguido de manera obediente. El objetivo exigido era recortar esos recursos de regiones y localidades, porque primero están las obligaciones con prestamistas e inversionistas extranjeros que con el pueblo. Para expresarlo de manera gráfica, primero están los intereses del capital o los montos suficientes para las exenciones tributarias a las multinacionales, que la educación, o la salud, o las carreteras, o acueductos y alcantarillados de los colombianos más pobres.
Cuando desde esta columna llamábamos la atención de la medida que se preparaba –hace ya casi un año–, advertíamos del origen de la iniciativa. Corrían los últimos días del gobierno Uribe y ya estaban sobre el tapete el recorte de las regalías, así como, la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal, medidas orientadas a recortar recursos y a establecer mecanismos de finanzas públicas para negar derechos, como salud y educación si no hay los presupuestos para atenderlos. Claro que si se quiebra la banca los dineros para salvarla, aparecerán así toque apretar el cuello de los contribuyentes, por “razones de interés nacional”.
Enfrentar esta pelea, significaba entonces comprender la naturaleza de la misma. Identificar de manera clara los intereses en juego. Y actuar en correspondencia. Es decir movilizar al pueblo para defender lo que el gobierno nacional nos quita para dárselo a quienes todo lo tienen…y quieren más. No hay tal de que el problema fuera la corrupción, porque más corrupto que el nivel nacional, no hay. Ni repartir las regalías con el resto de regiones, las más pobres. Que no las verán porque el grueso de ellas irá a unos fondos de donde sacarlas no podrán hacerlo sino los monopolios. Se acordarán de este aserto.
Pobre el Huila y pobre Colombia. Con una clase dirigente de mala fe o de una ignorancia tan descomunal, que clama al cielo. Todo nos lo quitan, nada nos queda, porque como dice el refrán popular “todo lo del pobre es robado”.

Tomado de moir.org.co

EL COMITÉ CÍVICO ESTA PREPARANDO OTRO PARO CIVICO EN LA GUAJIRA


El Comité Cívico Departamental en Defensa de las Regalías, a través, de sus comisiones de trabajo, se esta moviendo en el sentido de vincular mas sectores sociales, cívicos y políticos al próximo paro cívico, que se realizara de nuevo en la Guajira y cuya fecha y hora, se determinaran en el curso de esta semana, en contra del Acto Legislativo 013, en defensa del Río Ranchería y el Manantial de Cañaverales, amenazados por las multinacionales del Cerrajón y MPX  y por la reivindicación del derecho a su territorio de las comunidades indígenas, afro y campesinos aledaños a los complejos carboníferos.
En ese sentido, se han vendió realizando reuniones con los comités municipales de paro, a fin de hacer los ajustes organizativos necesarios, lo mismo, que su fortalecimiento con otros sectores. En ese marco se han hecho reuniones con la fundación  que agrupa a los propietarios de bienes muebles e inmuebles de Maicao, Barrancas, Fonseca, Albania y Hato Nuevo, con la Junta de Acción Comunal de Chancleta.
Ayer,  en  el corregimiento  de Cañaverales, municipio de San Juan, se desarrollo una nutrida asamblea de sus pobladores, donde se eligió el Comité Cívico en Defensa del Manantial, organización que adelantara la lucha contra la multinacional Brasilera MPX, decidieron hacer parte del Comité Cívico Departamental, asi mismo, afiliarse a FECODEMIGUA, la organización que agrupa a todos los comités de pobladores amenazados por la gran minería.
Mañana, miércoles 8 de junio, se realizara, la reunión con los palabreros Wayuu, los encargados de dirimir los conflictos por medio de la palabra, los cuales, han sido catalogados por la ONU como parte del patrimonio inmaterial de Colombia y las autoridades tradicionales, jefes de cabildos y resguardos de la etnia wayuu.

COMUNICADO OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL



El Comité Cívico Departamental en Defensa de las Regalías, valorando la realización del Paro Cívico Departamental  realizado hoy 26 de mayo, el cual tenía como propósitos el rechazo del Acto Legislativo 013, que pretende modificar el actual régimen de las regalías; la defensa del rio Ranchería y del Manantial de Cañaverales amenazados por las multinacionales del Cerrejón y MPX; y, por la reivindicación de los territorios de las comunidades indígenas y afros, aledañas a los complejos carboníferos presenta un balance positivo por cuanto: se realizó con un carácter  cívico y pacifico, logrando la parálisis de las actividades institucionales, comerciales, de transportes y productivas del complejo carbonífero del Cerrejón y en el departamento, con una alta participación en los bloqueos y las  marchas de los obreros, indígenas, maestros,  campesinos, estudiantes, dirigencia política, cívicas, sociales, comerciantes, transportadores, concejales, ediles, candidatos a la gobernación, a la alcaldía y concejos municipales, en fin, de todas las fuerzas vivas de los municipios y del departamento.
Atendiendo esta lucha cívica del pueblo guajiro y en procura de lograr nuestros objetivos, reafirmamos:
1.   Exigirle al gobierno del doctor Juan Manuel Santos, el retiro del acto legislativo 013/10
2.   Solicitarle al Congreso de la República, legislar para frenar el saqueo que realizan las Empresas Multinacionales a nuestros recursos naturales no renovables, exigiendo la mayor participación del Estado en la renta petrolera y minero energética y no recortar la participación de las regiones que sufren los impactos sociales, ambientales y culturales, derivados de la explotación de los mismos.
3.   Exigir a la empresa El Cerrejón el desistimiento inmediato del proyecto de modificación del cauce del Rio Ranchería en los 26 kilómetros programados, por la importancia que reviste dicho rio para las comunidades y para evitar el desastre ecológico y ambiental que causará  a nuestro  a medio ambiente, los ecosistemas la fauna, flora y la vida de todos los habitantes del departamento.
4.   Exigir a las multinacionales del Cerrejón y MPX, a que se respete los derechos de las autoridades tradicionales indígenas y de las comunidades indígenas, afros, poblaciones desplazadas y dueños de tierras aledañas a los complejos carboníferos y proyectos a iniciar y expandir y, el respeto a la realización de la consulta previa en cualquier proyecto que lesione los intereses de los indígenas.
5.   Convocar el Comité Cívico Departamental un Foro Departamental con la participación de todas las empresas explotadoras e interesadas en proyectos de explotación, autoridades administrativas departamentales y municipales,  organizaciones cívicas, populares, políticas y ambientalistas con el objeto de establecer la realidad de las incidencias ambientales, sociales y económicas de estos proyectos en la comunidad guajira.
6.   El Comité Coordinador Departamental y los distintos Comités de Paro Municipales, nos decláranos en asamblea permanente a fin de organizar y preparar otro paro cívico de carácter indefinido hasta que nuestras exigencias sean tenidas en cuenta por el gobierno nacional y las empresas explotadoras de nuestros recursos naturales.

Riohacha, 1 de junio del 2011

 Comité Coordinador del Comité Cívico Departamental.